Un rápido y coordinado operativo policial logró interceptar este jueves, en la Terminal de Ómnibus de Posadas, a una mujer junto a su hijo menor de edad momentos antes de que abordaran un transporte de larga distancia con destino a la provincia de Santa Fe. La intervención se llevó a cabo en el marco de una causa por protección de persona que tramita ante el Juzgado de Familia N.º 2, con el objetivo de dar cumplimiento a una manda judicial vigente.
El despliegue fue ejecutado por efectivos de la División Búsqueda de Personas, dependiente de la Dirección Investigaciones Complejas, quienes contaron con el apoyo táctico de la Dirección Comando Táctico Especial. La fuerza de seguridad actuó tras recibir información precisa sobre el itinerario del viaje, lo que permitió a los agentes posicionarse estratégicamente en la plataforma de embarque y asegurar el paradero de ambos sin contratiempos.
La investigación que culminó en este procedimiento se inició a partir de un oficio judicial, tras establecerse que la mujer había comunicado a su propia madre sus intenciones de viajar a las 10:00 horas. Esta pieza de información resultó clave para que el personal policial organizara el operativo de urgencia, logrando frustrar la partida antes de que el vehículo saliera de la capital misionera.
Finalizado el procedimiento en la terminal, la mujer y el menor fueron trasladados a la sede de la Defensoría Oficial Civil, Comercial y de Familia N.º 7 para cumplimentar los pasos legales necesarios. Allí, por disposición expresa del Juzgado de Familia N.º 2, se formalizó la entrega provisoria de la guarda del niño a su abuela materna, garantizando así la protección del menor en cumplimiento con las actuaciones correspondientes.
Este tipo de intervenciones judiciales y policiales son medidas excepcionales diseñadas para salvaguardar el bienestar de los menores cuando se producen situaciones de conflicto familiar o desobediencia de medidas de restricción vigentes. El operativo, que concluyó sin incidentes, resalta la eficacia de la articulación entre el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad al momento de actuar con celeridad ante casos de riesgo o vulneración de derechos de los niños.
