
El gobernador Hugo Passalacqua participó en la asunción de Vivian Andrea Barbosa como fiscal general coordinadora del Distrito Misiones. Este acontecimiento se da en el marco de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal. Con esta incorporación, la provincia se suma al grupo de distritos que adoptan el sistema acusatorio, un modelo que otorga a los fiscales la conducción de las investigaciones y la recolección de pruebas.
El evento, llevado a cabo en el Centro de Convenciones, fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Durante su intervención, Passalacqua destacó la importancia de reforzar la justicia y la seguridad federal en la región, haciendo hincapié en la necesidad de atención particular por tratarse de una zona de frontera.
Asimismo, el mandatario provincial valoró la presencia de altas autoridades nacionales y judiciales, enfatizando que la iniciativa busca agilizar el servicio de justicia y acercarlo a la gente. Del encuentro formaron parte ministros, legisladores, magistrados y referentes institucionales tanto del ámbito provincial como nacional.
Con la implementación del nuevo código, la Justicia federal busca agilizar los procesos y brindar respuestas más dinámicas a las demandas de la sociedad. Durante el acto, los funcionarios destacaron que este avance representa un cambio histórico para la provincia, permitiendo optimizar la persecución penal en delitos complejos y fortalecer la presencia del Estado en zonas estratégicas.
Asimismo, las autoridades hicieron hincapié en la necesidad de articular el trabajo entre los distintos poderes y niveles del Estado para garantizar una persecución penal más eficiente. En este sentido, se valoró el rol de los magistrados y auxiliares de la justicia en la supervisión de las garantías constitucionales durante todas las etapas de la investigación.
La puesta en marcha de este modelo en Misiones se suma a un proceso de transformación federal que ya se implementa en otras regiones del país, con el objetivo de consolidar un sistema judicial transparente y cercano a la ciudadanía. La articulación interinstitucional resulta clave para que los plazos procesales se reduzcan de manera significativa y se fortalezca la confianza pública en las instituciones.

