​El gobernador Hugo Passalacqua instruyó formalmente al Fiscal de Estado para iniciar acciones legales destinadas a resguardar los derechos de la provincia sobre su territorio, tras el fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras rurales por extranjeros. La decisión gubernamental quedó plasmada en el Decreto N.º 1935, el cual advierte sobre la crítica situación de desprotección legal generada por la plena vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023. Ante este escenario normativo nacional, la administración provincial busca frenar el impacto sobre el territorio local mediante herramientas jurídicas.

​En sus comunicaciones públicas, el mandatario ratificó la postura oficial al manifestar que esta medida se mantiene «fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales». Passalacqua argumentó la urgencia de la intervención judicial debido a la particular conformación geográfica y productiva de la región, destacando que «con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido». Asimismo, el titular del Ejecutivo provincial enfatizó que la protección de la superficie misionera representa «un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente», y ratificó que las presentaciones se ejecutarán «en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes».

​El instrumento legal firmado por el Ejecutivo detalla que el artículo 154 del DNU N.º 70/2023 derogó la Ley N.º 26.737, la cual establecía un régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. La resolución judicial de la Corte Suprema en la causa iniciada por el C.E.C.I.M. La Plata provocó la aplicación inmediata de dicha derogación, dejando a Misiones expuesta a la vulnerabilidad institucional. Por este motivo, el Gobierno provincial sostiene que la normativa federal desregula sectores clave y pone en riesgo el ordenamiento jurídico local vigente.

​La argumentación oficial subraya que la normativa nacional vulnera de manera directa la autonomía provincial, la soberanía territorial, el equilibrio de las finanzas públicas y el entramado económico-social. Los considerandos del decreto también señalan que la modificación legal altera el control sobre los recursos naturales y afecta cuestiones sensibles de seguridad municipal y provincial. Bajo estos fundamentos, la provincia activa su legítimo derecho de defensa para neutralizar las consecuencias negativas sobre los intereses de los misioneros.